"En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido" es un decálogo aprobado en las XXXI Jornadas de Coordinación entre el Defensor del Pueblo y los defensores del pueblo autonómicos (https://bit.ly/2YzX6ZO).
El decálogo exige que los poderes públicos sean conscientes y asuman su función pública de control ambiental de la contaminación acústica y ejerzan, de forma eficaz y eficiente, las potestades que tienen asignadas con el objeto de prevenir, evitar, y en su caso, suprimir la contaminación acústica que impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales.
Asimismo requiere de los poderes públicos planes de inspección dirigidos a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan contaminación acústica, un verdadero servicio público de inspección y control de ruido; al tiempo que indica que se debería reconocer e impulsar el papel de la policía ambiental.
Todo ello para poder hacer un seguimiento de las medidas que se adoptan, facilitando medios para que la ciudadanía, de manera transparente, pueda ser informada de la adopción de tales medidas o para que, en su caso, pueda denunciar la inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus reclamaciones.
Las defensorías del pueblo expresan también su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por causa de la contaminación acústica. Con esa finalidad, se comprometen a realizar cuantas acciones estén legalmente a su alcance para proteger de manera eficaz el derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones de derechos de la ciudadanía con una posible relevancia penal.
El decálogo "En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido" (https://bit.ly/2YzX6ZO) es un texto del año 2016, a pesar de ello es totalmente actual.
El problema, como indican los vecinos del Distrito Centro de Madrid cuando hablan de esta materia y se refieren a los poderes públicos, "es que la norma no se cumple y se está haciendo la vista gorda" (https://bit.ly/2Yzcoht); es por ello que, como indica el titular de prensa, los Vecinos de Centro exigen al Ayuntamiento de Madrid "medidas drásticas" contra los músicos callejeros.
Tal vez el problema sea la excesiva tolerancia del Ayuntamiento de Madrid hacia diversos eventos, conciertos y actuaciones musicales que se llevan a cabo en las calles de Madrid, hasta altas horas de la noche, frente a viviendas, generando elevados niveles de ruido que han sido denunciados por los residentes.
Tal vez el problema sea que el Ayuntamiento de Madrid, más allá de formular advertencias, recordatorios o amonestaciones ante las denuncias y quejas vecinales, deba incoar expedientes sancionadores por posibles incumplimientos de las autorizaciones concedidas o de la ordenanza municipal de ruido o la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Tal vez el problema sea que, el Ayuntamiento de Madrid, no prohíba el desarrollo de actividades generadoras de ruido, tales como las actuaciones y conciertos al aire libre de los músicos callejeros en el centro, que generan elevados niveles de ruido.
Tal vez, como en su día trasladó el Defensor del Pueblo a un Ayuntamiento, no quepa más permisividad ante la celebración de actuaciones al aire libre generadoras de elevados niveles de ruido y se deban de incrementar las exigencias ambientales y organizativas, especialmente las relativas a la contaminación acústica, control y vigilancia de los horarios; debiendo ser el Ayuntamiento el encargado de velar por el cumplimiento de la ley dentro de su municipio, y no el que la transgreda o ampare la transgresión de la norma.
Pues, las actuaciones y conciertos al aire libre de los músicos callejeros en el Distrito Centro de Madrid no es algo puntual, sino permanente, constante desde el amanecer hasta altas horas de la noche; día tras día, mes tras mes, año tras año. Se han convertido en algo que afecta de manera evidente a la vida cotidiana de los vecinos de la zona y requiere de ese Consistorio del Ayuntamiento de Madrid, además de una exhaustiva organización para minimizar los efectos, un control mayor sobre horarios y límites a las emisiones sonoras, prohibiéndose especialmente los micrófonos con altavoces, los instrumentos de percusión y los amplificadores de sonido que ocasionan muchísimo ruido.
